En la Ciudad de México, vivir en condominio es prácticamente la regla, pero hay algo que nadie cuestiona, hasta que falla tiene que ver sobre ¿quién está administrando el lugar donde vives?
De acuerdo con información difundida en prensa nacional, nueve de cada diez edificios en la capital son administrados por personas sin capacitación y esto no es un dato menor. Porque administrar un condominio no es solo cobrar cuotas o abrir el portón, es hacerse responsable de la seguridad, del mantenimiento, de la convivencia y, en muchos casos, de la tranquilidad de decenas o a veces cientos de familias.
Y cuando esa responsabilidad cae en manos de alguien que no sabe cómo ejercer, el problema no tarda. Primero son detalles, una fuga que nadie atiende, cables expuestos, áreas comunes deterioradas. Después vienen los conflictos como vecinos que no se ponen de acuerdo, reglas que nadie respeta, decisiones que se toman sin claridad, y más tarde, lo que nadie quiere nombrar como cortocircuitos, incendios, inundaciones, accidentes que pudieron evitarse.
Lo que parece desorden, en realidad es un riesgo acumulado. La ley en la Ciudad de México establece que quienes administran condominios deben capacitarse a través de la Procuraduría Social, y es que en el papel existe la obligación, pero en la práctica, no hay un mecanismo real que verifique que esto ocurra.
Así, miles de edificios funcionan todos los días bajo una lógica improvisada, donde el desconocimiento pesa más que la responsabilidad.
En Tras el Muro hemos contado historias de ruido que no se detiene, de vecinos que intimidan, de espacios comunes invadidos y de conflictos que crecen hasta volverse insostenibles. Pero detrás de muchas de esas historias hay un hilo común: nadie supo o quiso intervenir a tiempo.
Una mala administración no solo deja de resolver problemas, los permite, porque cuando no hay reglas claras, cuando no hay mantenimiento y cuando nadie media los conflictos, la convivencia se rompe.
Y vivir en comunidad se convierte en sobrevivirla.
¿Y entonces qué queda hacer?
Cuestionar quién toma decisiones dentro del edificio es hacerse cargo, los vecinos tienen derecho a exigir información, a pedir cuentas, a convocar asambleas y, si es necesario, a cambiar la administración. También pueden acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, una instancia que, al menos en el papel, existe para mediar y orientar.
El problema es que muchas veces se llega ahí cuando el conflicto ya ha explotado.
